Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que deniega la concesión de una plaza en comisión de servicios en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Cualquier solicitud de movilidad al margen de los sistemas de provisión de puestos de trabajo ordinarios ha de basarse en alguno de los supuestos excepcionales expresamente previstos, que han de considerarse "numerus clausus", y que recae sobre el interesado la carga de acreditar la concurrencia de los presupuestos exigidos para ello. Sería preciso para acceder a lo solicitado que se acreditaran motivos de salud de relevancia significativa del propio funcionario o de sus hijos, lo que no ocurre en el presente caso pues la documentación médica sobre los niños aportada por la interesada con ocasión de las solicitudes que formuló en los años 2015 y 2016 no acredita que persista tal circunstancia en la actualidad, ni que el traslado solicitado fuera preciso para un eventual tratamiento del menor de la enfermedad que se dice padece, pues las razones de salud de otros familiares, la madre de la recurrente en este caso, no se contemplan en la norma excepcional reguladora de la movilidad. La posible disponibilidad de puestos vacantes sobre cuya existencia no ha habido debate, no es presupuesto suficiente para la concesión de la comisión de servicios pretendida, como tampoco lo es que la Administración no haya esgrimido razones organizativas o de servicio para oponerse. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por la Real fundación hospital de la reina SA y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en reclamación de una indemnización de 709.721,75 €, más intereses legales, por los daños ocasionados a la sanidad privada con motivo de la cesión y puesta a disposición de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León del Hospital de la Reina de Ponferrada con el consiguiente cese de la actividad de casi todos los servicios. En la demanda se concretan los daños en tres aspectos:la falta de actuación preventiva al no contemplar planes sistemáticos y coordinados de respuesta global para todos los agentes sanitarios incluyendo el sector privado,la falta de actuación temprana no valorando correctamente la situación de alarma y la adopción de medidas precipitadas y discriminatorias con la quiebra del equilibrio económico en el que se sustenta la sanidad privada.Se reclama por los daños singulares causados por las decisiones administrativas tomadas que le han causado daños singulares pues durante el tiempo de puesta a disposición han tenido que asumir todas las funciones de dirección del referido Hospital. Se desestima el recurso conforme al RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y siendo la normativa estatal la que establece la obligación de continuar la actividad sanitaria por parte de los hospitales privadoscon los costes estructurales y gastos a mayores que se pudieron producir en el contexto del Covid 19.
